Concentració al carrer d’en Robador del col.lectiu de #PutasLibertariasRaval i #PutasIndignadas davan t les polítiques abolicionistes del «Gobierno más progresista de la Historia» que demana penes de presó per les treballadores sexuals.

Concentración en contra de la Ley abolicionista-prohibicionista del PSOE

Hoy estamos aquí para reivindicar alto y claro siempre, nuestro derecho de autodeterminación para decidir ejercer el  trabajo sexual. El barrio chino Raval tiene un carácter histórico del cual jamás renegaremos. Somos mujeres Cis, Trans, Lesbianas, no binaries. Somos Clase Obrera, jefas de familias, que de nuestra economía dependen.

Detrás de la ley abolicionista-prohibicionista de la prostitución  impulsada por PSOE y apoyada por el PP y UP se esconde la ambición electoral. Utilizando una vez más a todas las PUTAS como moneda de cambio para imponer sus ideologías y que tendrán consecuencias reales y nefastas en nuestras vidas. No somos víctimas, sí putas Organizadas alzando la voz para ser escuchadas. No estamos solas, existe un movimiento global exigiendo derechos y la despenalización del trabajo sexual. Contamos con el apoyo de todo un barrio estigmatizado, vulnerado por la violencia institucional, ultrajado en el ámbito social, político, cultural, policial.

Este Gobierno que se dice el más progresista y feminista ha recuperado la figura de la tercería locativa del código penal  franquista, una figura con la cual cualquiera que nos alquile un espacio para trabajar y vivir, aún con nuestro consentimiento, será considerado proxeneta, vulnerando así aún más nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad, exponiéndonos a todo tipo de chantajes, extorsiones, desalojos forzosos, abusos y persecución policial y vecinal.

Han modificado el artículo 187.2  abriendo la posibilidad de penalizar y encarcelar a nuestro entorno: a través de esta modificación podrían ser denunciados y acusados por proxenetismo, familiares que dependen de nuestros ingresos como trabajadoras del sexo, también las trabajadoras que se auto gestionan y que comparten piso o cualquier persona involucrada en ofrecernos servicios, aún con nuestro consentimiento: ya sea un taxista, una limpiadora, una telefonista, etcetc.

Han introducido artículo 187 ter para penalizar a nuestros clientes. Penalizar la demanda es penalizar la oferta, es castigar nuestros ingresos. Esto nos obligará a anteponer la seguridad de nuestros clientes a la nuestra, clandestinizará aún más  nuestro trabajo, nos empujará a espacios menos seguros, dificultará nuestra capacidad de negociación aumentando prácticas de riesgo y arriesgando nuestra salud. Disuadirá la posibilidad de que las trabajadoras sexuales se acerquen a organizaciones e instituciones para solicitar asistencia o denunciar abusos o cualquier tipo de agresión para recibir protección.

Las trabajadoras del sexo también tenemos derecho a la dignidad, un derecho inviolable que es inherente a la persona, es el libre desarrollo de la personalidad que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo le pretensión al respeto por parte de los demás. ANULAR NUESTRO CONSENTIMIENTO NO SÓLO ES UNA FALTA DE RESPETO SINO LA VULNERACIÓN DE NUESTRO DERECHO A LA DIGNIDAD.

 

 

Exigimos:

La derogación de la Ley de extranjería que fomenta la economía sumergida y la explotación y obliga a miles de mujeres a vivir indocumentadas y a recurrir a trabajos no regulados, sólo mediante vías legales y seguras podrán acceder a mayores alternativas laborales y tener garantizados sus derechos.

La derogación de la Ley mordaza y todas las ordenanzas municipales que siguen proliferando por todo el estado español multando a las trabajadoras sexuales y a sus clientes, empeorando sus vidas y empobreciéndolas aún más, endeudándolas con las administraciones públicas. Al mismo tiempo exigimos que estas multas sean revocadas y se dejen sin efecto.

Alternativas laborales seguras, en condiciones y con ingresos dignos para quienes deseen abandonar el trabajo sexual.

Voluntad y responsabilidad política que tendrían que ser propias de un Estado democrático para establecer un dialogo con las trabajadoras sexuales auto organizadas y la escucha y nuestra participación activa en el diseño de políticas que afectan nuestras vidas.

Exigimos respeto a nuestro CONSENTIMIENTO, a nuestras decisiones como personas adultas y autónomas y el reconocimiento de nuestro trabajo porque nadie está mejor sin derechos.

 

La criminalización de nuestro entorno con el código penal sólo nos traerá más opresión e indefensión, como sí no fueran suficientes ya las que todas venimos soportando. Entre guerras, inflación, desahucio, pobreza estructural generalizada en el Reino España nos empujan a más clandestinidad, más estigma, más criminalización.

Somos censuradas y todos hablan en nuestro nombre. No lo vamos a permitir, nuestra lucha es de clase y estamos dispuestas como ya lo hicimos con la Ordenanza Cívica 2006 a presentar batalla. Hace tiempo que hemos perdido el miedo. Y lo volveremos a hacer porque vivir es una lucha constante contra los opresores. Nuestro objetivo es: gobierne quien  gobierne somos ingobernables.

Fotografies: Pedro Mata

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