Respuesta ciudadana a la sentencia del supremo sobre el Procés.
Para entender lo que está sucediendo en las calles de Catalunya estos días, no se pueden perder de vista las razones y los hechos que nos han llevado hasta aquí. Si queremos comprender por qué miles de jóvenes están quemando contenedores en las calles, no podemos quedarnos hipnotizados viendo solo para las llamas.
Durante los complicados años de la transición, se nos repitió hasta la saciedad que, en nuestra democracia, cualquier idea política era defendible, siempre que se hiciese desde posiciones pacíficas. Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, una importante parte de la ciudadanía ha tomada conciencia de la falsedad de esas palabras.
Hay una sensación generalizada en la mayoría de la sociedad catalana de que las manifestaciones ejemplarmente pacíficas y multitudinarias celebradas durante todos estos últimos años, no han sido tan efectivas como se esperaba. Esa sensación se extiende no solamente al independentismo, sino también a aquellos que, sin serlo, defienden el derecho a decidir a través de un referéndum pactado. No se entiende el motivo si en otros países de nuestro entorno se contempla el derecho a decidir, en nuestro país es una barrera infranqueable, un tema tabú.
Las aspiraciones de un acuerdo con el Estado y la esperanza, al menos de ser escuchados, se han ido diluyendo con cada error cometido durante las últimas legislaturas.
Muchos apuntan al punto de inflexión que supuso la suspensión por el Tribunal Constitucional del Estatut de 2006 después de que fuese aprobado en dos parlamentos y también mediante un referéndum legal. Esa sentencia marca un antes y un después en la relación entre Catalunya y el Estado español, quebrando toda confianza en un posible entendimiento. Se rompen las reglas del juego político y lo que es más grave, la relación emocional.
A partir de ahí, se han cerrado minuciosamente todas las posibles salidas al conflicto. Se acudió a la ley cada vez que se perdía una votación en el Parlament y se han bloqueado desde los tribunales muchas leyes que nada tenían que ver con la autodeterminación. Más de cuarenta leyes han sido recurridas ante el alto tribunal español. Muchas eran de carácter social, y algunas han contado incluso con el voto favorable del Partido Popular catalán.
Algunas eran fundamentales, como la ley de medidas urgentes para la emergencia habitacional y la pobreza energética, fruto de una iniciativa legislativa popular; la primera ley catalana de igualdad entre hombres y mujeres de 2015; leyes contra el cambio climático como la probada en julio del 2017.
La actuación errática y desmesurada sumada a la violencia policial aplicada por el gobierno central durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 para frustrar su celebración, acabó por romper todos los posibles puentes de diálogo entre las partes. El discurso del Rey, tomando claramente partido en el conflicto, en lugar de hacer una urgente llamada a todas las partes para el dialogo y la concordia, fue para muchos el portazo final a la posibilidad de entendimiento mutuo. La última rendija de esperanza de diálogo que pareció abrir la caída del gobierno de Rajoy y la subida de Pedro Sanchez y el PSOE, se fue esfumando como un breve espejismo ante las inamovibles posiciones de todas las partes.
La cuantía de las penas que el Tribunal Superior de Justicia ha impuesto a los miembros del gobierno de la Generalitat y a líderes sociales como Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, no solo ha sido un jarro de agua fría sobre el mundo independentista, sino que tienen consecuencias que van mucho más allá de los años de condena impuestos a los reos. El momento elegido para hacer pública la sentencia, tampoco parece ser el más oportuno, ya que es seguro que influirá decisivamente en el voto de las elecciones que se celebraran el 10 de noviembre, enrocando las posiciones más radicales. Cualquier decisión a favor de la concordia será explotada por el contrario como una debilidad.
La sentencia del alto tribunal crea jurisprudencia y por tanto afecta de lleno a todos los ciudadanos del país, no solo a los catalanes. Por poner solo un ejemplo, a partir de ahora, cuando las autoridades consideren que un grupo de personas ejerciendo el derecho de resistencia pacífica, se sienten ante un edificio de un organismo público, o cuando se considere que están impidiendo el cumplimiento de una orden judicial, podrán ser acusadas de sedición con altas penas de cárcel. Es por eso que la sentencia rebasa el plano personal, y el ámbito catalán, para afectar al país entero.
El texto que justifica y razona las penas aplicadas, parece complementar otras leyes de represión de derechos civiles aprobadas estos años, como la ley mordaza, cerrando el paso a cualquier manifestación de disidencia ante leyes manifiestamente injustas y contrarias a los elementales derechos democráticos como de libertad de expresión y de manifestación. El paisaje que queda es realmente desolador en cuanto a derechos civiles y calidad democrática.
Parece que las palabras de Platón “Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte” adquieren, a la vista de lo que está sucediendo, una rabiosa actualidad. Quizás siempre ha sido así, pero no éramos conscientes.
Viendo la reacción de estos días en las calles, da la impresión de que, al menos algunos, empiezan a pensar que la única salida es explorar los métodos de protesta ensayados estos días en lugares como Hong Kong. Si bien las razones de la protesta y el contexto son diferentes, el problema de fondo es el mismo: la frustración de encontrarse frente una clase política correosa, empecinada en cerrar caminos y en blindar al poder ante cualquier vía de protesta y de acción en el plano de la política o del activismo, en lugar de adaptar legislaciones y acompañar a su pueblo en sus sueños y deseos.
Después de la ocupación del parlamento de Hong Kong quedó escrita con spray sobre una pared la frase "Fuiste tú quien me enseñaste que las manifestaciones pacíficas son inútiles". Muchos de los manifestantes que vemos en las calles son jóvenes, son los que tomarán el relevo para construir el futuro y si sienten que la única salida al conflicto es la confrontación en lugar del diálogo, podemos encontrarnos en un escenario en el que nadie querría estar.
Desde la política parece que crispar y echar gasolina trae votos. Se mete una y otra vez el dedo en la herida para generar una tensión y enfrentamiento que avalen las posturas propias y desacrediten, al contrario. Desde los medios de comunicación, vemos como se hace de la excepción la norma y como se dramatiza cada pequeño incidente para que parezca que estamos al borde de un enfrentamiento civil. La tozudez de unos en continuar en vías unilaterales de decisión y de otros en defender numantinamente la plaza y no ceder un ápice de terreno, están poniendo la cosa muy complicada.
Es necesario un cambio de actitud, mientras sea posible, pero no solo de actitud política, también de actitud emocional y social en todas las direcciones. De España hacia Catalunya y viceversa. Solo se pueden solucionar los conflictos desde el reconocimiento del otro, desde la empatía y si es posible desde el cariño.
A día de hoy no se sabe como acabará esto, pero al final del camino solo puede haber una mesa y una negociación, eso es seguro. Lo que aún no sabemos es la cantidad de dolor que vamos a asumir entre todos antes de tomar las decisiones adecuadas. Esperemos que sea el menor posible y que no nos acabemos haciendo daño de verdad y de forma irreparable.
Texto: Tono Carbajo
Fotogalería.
Fotos: Oriol Daviu, Xavi Ariza, Bru Aguiló, Joanna Chichelnitzky y Tono Carbajo