#són300: “Una intervención de higiene pública”

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Barcelona, 24 de julio de 2013.- No ha sido ninguna sorpresa para nadie. Como el alcalde Xavier Trias y el Ajuntament de Barcelona llevan horas y horas repitiendo a través de la red social twitter —además de la difusión torticera que se está haciendo en algunos medios al servicio de los antes mencionados—, el desalojo por parte de los Mossos d’Esquadra de las naves de las calles Puigcerdà y Pere IV respondía al “cumplimiento de una orden judicial”. Apenas marcaban los relojes las 5.00 a.m. cuando el número 127 de la calle Puigcerdà ha sido tomado por un gran número de furgonetas de la BRIMO. La zona ha sido rápidamente acordonada, impidiendo el paso a través de esa frontera a los que estaban a uno y otro lado de la misma.

23 efectivos de los servicios sociales son los que han tenido a bien enviar a la zona para atender a las 300 personas que vivían en el asentamiento de Puigcerdà. Esos y también a los del servicio de recogida de animales (no me extenderé en este punto, pero el paréntesis deja claro qué estoy obviando, ¿no?). Los agentes de la Brigada Móvil “han invitado” a las personas que estaban en el interior de la nave a “abandonarla pacíficamente”. Poco a poco, en grupos pequeños, han ido saliendo al exterior, cargados con sus pertenencias. A las 8.00h ya no quedaba nadie dentro. En ese espacio de tiempo, parece ser que un pequeño destacamento de los Mossos se ha acercado a la calle Pere IV, pero han dejado el desalojo para las 11.00h de la mañana.

Andrés García Berrio, uno de los abogados que ha acompañado a los afectados de este desalojo, ha explicado esta mañana que los servicios sociales estaban concertando visitas con las personas desalojadas para encontrar soluciones a partir de esta tarde y durante lo que queda de semana: esta tarde ya era tarde, evidentemente. Tanto García Berrio como numerosas voces han denunciado repetidamente, y no solamente hoy, que las promesas de realojo de todas estas personas por parte de Trias y su equipo de ayuntamiento eran falsas. «Si estamos aquí es porque no tenemos otro sitio donde vivir» es una de las frases que resume el sentir de los habitantes de las naves desalojadas. Muchos de ellos no tienen papeles, esos que certifican que “no son ilegales”, vergonzosa expresión que tanto les gusta utilizar a muchos. Como explicaba el abogado hace unos meses, la oferta del Ajuntament se reducía a vivienda y formación para un máximo de 20 personas, pero con la condición de «dejar de recoger chatarra a cambio de nada». La solución, pues, no es tal: aceptar significa quedarse sin fuente de ingresos.

Derechos Humanos. O la falta de ellos. Esta es una de las raíces del problema. Hacía casi dos años que la nave de la calle Puigcerdà estaba ocupada —llevaba mucho más tiempo abandonada—, y sus habitantes llegaron allí huyendo de otro desalojo: el que tuvo lugar en julio de 2011. Otra nave, situada en la calle Badajoz. Hace un año ya hubo un primer conato de desalojo, pero en aquella ocasión pudo frenarse, con la ayuda de vecinos y movimientos sociales. Pero hoy no ha sido así. Las 300 personas que intentaban sobrevivir en las naves de Puigcerdà y Pere IV están ahora en la calle. Algunas de ellas, algo más de 50, se han encerrado en la iglesia de Sant Bernat Calbó, también en Poblenou. El párroco les ha ofrecido el espacio, a pesar de estar también bajo orden de demolición.

Derechos Humanos. El propietario de una de las naves desalojadas es la Fundación Privada Maite Iglesias Baciana. Curiosamente, esta Fundación tiene por objeto ofrecer ayuda nacional e internacional a mujeres de todo el mundo en situación de riesgo social a través de formación, con la que poder buscar una vida mejor. “Que nadie pierda su tren por falta de recursos”, se puede oír en el audio de uno de los vídeos promocionales de la Fundación. Pero para los habitantes de las naves no ha habido tren, sino un amplio destacamento de furgones policiales que han acabado con su oportunidad.

Derechos Humanos, decía. Uno de los temores que existe con los desalojos es que estas personas puedan ser deportadas por Delegación de Gobierno, previo paso por un centro de internamiento —el temido CIE de la Zona Franca, que tantos “desaparecidos” ha causado—. Leía esta mañana un rapto de genial lucidez satírica de Xapo: «Como diría Manel Delgado —antropólogo que aparece en el Documental 4F— irónicamente, No ha sido una actuación de orden público, ha sido una intervención de higiene pública».

Sobran más comentarios.

Texto: Mónica Solanas; Fotografías: Manuel Roldán