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Madrid, 1 de febrero de 2014.- El pasado viernes, 20 de diciembre, el Gobierno aprobaba la reforma de la Ley del aborto, la más restrictiva de la democracia. Alberto Ruiz-Gallardón ha condenado los derechos de la mujer. Y ha cambiado el nombre a la normativa: Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Según el responsable de la cartera de Justicia, para “proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos” y “siempre en interés de la mujer”.

Que el feto sufra malformaciones no será motivo de aborto. Que exista riesgo para la salud física o psíquica de la madre deberá «acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos”, que trabajen en centros distintos y que tampoco coincidan con el que practique el aborto. Estipula la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios que participen o colaboren en el proceso; también los que informan. Las clínicas que practiquen abortos no podrán publicitar sus servicios. Las menores de edad necesitarán obligatoriamente «la participación de los titulares de la patria potestad». Las mujeres que no se acojan a la legalidad —nada que ver con la legitimidad— no tendrán castigo penal, según Gallardón porque la mujer es víctima del aborto.

12256201715_906a139f9d_zLo cierto es que esta ley es una vuelta atrás, una cosificación de las mujeres, un regreso a la clandestinidad y posible una condena a muerte. Una Ley al servicio de la ideología ultraderechista del Partido Popular y de la retrógrada iglesia católica.

 

 

Fotografías: Mar Lizana
Texto: Mónica Solanas