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Barcelona, 18 de octubre de 2014.- En un país normal, los parques naturales no serían objeto de especulación urbanística, no serían víctimas de la burbuja inmobiliaria que tanto mal ha hecho. En un país normal, las prioridades del mercado inmobiliario no deberían anteponerse a la libertad de las personas.
En un país normal, un ayuntamiento regido por el Partido Socialista no daría pie a proyectos que respondieran exclusivamente a intereses económicos. En un país normal, las posturas de los vecinos y las de los ayuntamientos de cualquier municipio deberían ser coincidentes.
En un país normal, el camino legal de alegaciones y contenciosos administrativos de las asociaciones vecinales sería respetado y atendido como tal. En un país normal, no sería necesario encadenarse a árboles, excavadoras o balcones de un ayuntamiento. En un país normal, no haría falta colgarse de puentes y desplegar pancartas desde los edificios más altos. En un país normal, no habría que anteponer la legitimidad de las personas por encima de la legalidad marcada por unos pocos.
En un país normal, las quejas vecinales no deberían convertirse en protesta criminalizada ni nadie debería ser perseguido policial y judicialmente por manifestar esas quejas. En un país normal, la Fiscalía no solicitaría años de prisión «a dedo» y «como si nada». En un país normal, las mentiras oficiales no tendrían posibilidad de robar trozos de vida encarcelando a los que señalan las irregularidades de quienes ostentan un cargo por elección popular. En un país normal, la crítica al poder no se condenaría con prisión.
En un país normal, unos padres no vivirían con ansiedad, angustia, impotencia, preocupación y desconcierto viendo que sus hijos pueden ser condenados a cinco años de cárcel. En un país normal, la respuesta por parte de los representantes políticos a la defensa de unas convicciones basadas en el interés general no sería sembrar el miedo.
En un país normal, hoy no habría nueve personas esperando un juicio en el que pueden dictaminarse penas de hasta 2 años y 3 meses de cárcel, ni multas de hasta 1.700 euros. En un país normal, cinco de ellos no estarían pendientes de un posterior juicio que podría suponer aumentar más de cinco años sus penas de cárcel y unas multas de casi 7.000 euros.
En un país normal, ayer no se hubiera vivido una jornada de reivindicación, con vecinos de Esplugues de Llobregat y de otros municipios colindantes apoyando a las seis personas que los días 27, 28 y 29 de octubre deberán asistir a su primer juicio en la Ciutat de la Justicia por defender Collserola. En un país normal, Oriol —uno de los encausados— no debería sentir «satisfacción de haber hecho lo que el corazón, el cerebro y el cuerpo te dicen que debes hacer».
Mientras esperamos que llegue ese país normal, seguiremos exigiendo la absolución de todos los encausados. Ni muts ni a la gàbia!!
Fotografías: Bru Aguiló, Manuel Roldán y Mòni Texto: Mónica Solanas
