Vecines en red CV distribuyen productos de primera necesidad a muchas personas sin recursos de Ciutat Vella.
Los jueves lo hacen en la Casa de la Solidaritat del Raval. y no sólo hacen reparto de comida, también disponen de productos de higiene personal, como compresas, jabones, pasta y cepillos de dientes, pañales para familias …etc
Además una psicóloga atiende a las personas que puedan necesitarlo y también pueden asesorarse en soluciones de vivienda.

Fotos: Pedro Mata.

MANIFIESTO

PAREMOS LA EPIDEMIA DE LA CRISIS SOCIAL

Desde el principio de la puesta en marcha de Vecines en Red a raíz de la extensión del COVID19 y la repercusión social del período de confinamiento (hace ahora casi dos meses), detectamos desde el principio una situación de desamparo social e institucional de centenares de personas que se encuentran, literalmente, sin los mínimos de sustento vital que requiere una familia en cuanto a alimentación, higiene o condiciones habitacionales. Apenas dos semanas después de poner en marcha la red, la atención que se daba a alrededor de 90 o 100 personas, pasó a 320, teniendo que poner un límite en relación a lo que podíamos abarcar como red.

Desde el principio, las cientos de familias que se han puesto en contacto con nosotras para participar en la red, pusieron de relieve el colapso y la insuficiencia de los servicios sociales municipales, y desde ese mismo momento se transmitió al Districte y al Ajuntament el abandono institucional que padecen cientos de familias. A lo que hay que añadir que, en el caso del Govern de la Generalitat, la actitud no parece muy diferente, en cuanto a trámites que en estos momentos resultan vitales, como es la Renda Garantida.

En la actualidad, gracias a la autorganización y al apoyo mutuo hemos podido improvisar sistemas de recogida y reparto de alimentos para abastecer de aquellos productos más básicos como son las legumbres, leche, verdura, productos de higiene, pañales o compresas a más de 90 familias. Todas ellas vecinas de Ciutat Vella, vecinas que ya tenían una situación de precariedad y la desigualdad mucho antes del confinamiento, pero que ante esta nueva situación se han visto aún más desprotegidas … Se trata de vecinas de tipología muy diversa, pero la mayoría con menores a su cargo, que se dedicaban a trabajos muy precarios, en la mayoría de casos sin contratos, asociados a las labores de cuidados, limpieza de apartamentos turísticos y casas de familias más pudientes, hostelería…

También vecinas migradas, sin papeles, que esta situación no solo ha truncado su posibilidad de realizar cualquier trabajo de forma informal, sino que se encuentran en una situación de riesgo ante la presión policial que existe en nuestras calles. Algunas de estas familias sí que están en contacto con servicios sociales pero como siempre con respuestas tardías e insuficientes que no se amoldan a la situación y a las necesidades en las que se encuentran. Pero además, nos encontramos también con familias que no pueden entrar en ningún tipo de prestación social porque tienen aceptados unos ERTEs que vienen con retraso o que dependen de las tarjetas monederos de las becas de sus hijos que son insuficientes y que también llegan a deshoras. Nos consta además que hay comunidades enteras en nuestros barrios con graves problemas a las que las redes no estamos pudiendo dar respuesta ante la avalancha de llamadas y solicitudes y a las que las diferentes instituciones tampoco están atendiendo.Parece más que evidente que, si todos los niveles institucionales hubieran aplicado con coherencia el lema favorito del momento, «de esto salimos entre todas», y hubieran habilitado todos los medios posibles para abordar la crisis social, las redes de apoyo mutuo no tendríamos que estar cubriendo, como hacemos actualmente, todos los vacíos del colapso institucional.

En cambio, el Ajuntament no ha variado un ápice la manera de trabajar de los servicios sociales, ofreciendo simplemente cifras cuantitativas sobre cuántos menús ofrecen al día o sobre el número de atenciones, como si eso pudiera ocultar las colas de cientos de personas a las puertas de los comedores o cuando se anuncia algún tipo de reparto de comida. Por su parte, la medida estrella del Govern de la Generalitat, ha sido una prestación modelo Mediamarkt, de oferta efímera y hasta fin de existencias, y que resulta vergonzosa en la medida en que es una competición de velocidad entre pobres para ver quién llega antes de que acabe el último euro.

Hay que decir que esta situación de crisis social que ha emergido tanto en los barrios de Ciutat Vella como en muchos barrios de Barcelona a raíz de la extensión del COVID-19, es la visibilización de unos procesos de empobrecimiento estructural y abandono institucional que, con esta situación, han roto el manto de silencio al que estaban sometidos. Las situaciones de desesperación que estamos detectando cada día tienen una raíz clara en una profunda precariedad social (en materia económica, de vivienda, de suministros, de servicios públicos…) ya existente, y sobre la que el COVID-19 ha tenido un doble efecto: quebrar de manera radical economías que vivían al día a través de trabajos extremadamente precarios o economías informales, y mostrar la desnudez de las estructuras institucionales que supuestamente tienen como finalidad la protección social, pero que se han mostrado radicalmente incapaces, no ya de actuar y abordar lo que está pasando, sino directamente de entenderlo. Porque la actitud impasible que nos estamos encontrando en algunas respuestas institucionales, no es ya una cuestión de falta de recursos, sino directamente de una posición profundamente alejada de la realidad.

Hoy salimos a la calle, respetando todas las medidas de seguridad y precaución, precisamente para evidenciar ante las instituciones competentes, que el desamparo que vemos cada día, no es una leyenda urbana, sino un proceso de destrucción social, que ya está pasando y que, si no hay una actuación rápida, está en condiciones de provocar estragos en familias enteras.

EXIGIMOS

• Aprobación e implementación urgente, en un máximo de seis meses, de una renta básica de ciudad (o establecimiento de la Renda Garantida como una prestación universal), no condicionada al cumplimiento de itinerarios de inserción laboral imposibles en un contexto de incremento dramático del paro, que llegue al menos a las personas con ingresos menores al salario mínimo interprofesional, con los siguientes criterios objetivos:

a) la situación de las familias (ingresos, componentes del núcleo familiar, personas en situación de dependencia)
b) las condiciones vitales elementales en cuanto a alimentación y nutrición, vivienda, salud y educación.
c) indexar los aspectos anteriores con la evolución de los precios y el coste vital en cuanto a alimentación, suministros energéticos y vivienda.
d) indicadores de corrección positiva para personas en situación de especial vulnerabilidad: familias monomarentales, gente mayor en situación de dependencia, víctimas de violencia machista, gente en situación de calle…
• Reestructuración y redefinición profunda de los servicios sociales y de vivienda municipales, adaptándolos a una realidad de empobrecimiento creciente, personas asalariadas empobrecidas y precariedad habitacional, energética y vital:

Ø Enfocándolos al fortalecimiento y la consecución de derechos por parte de las personas.

Ø Desarrollando políticas que los doten de los recursos suficientes para dejar de reproducir la dinámica actual de escoger quién es el más pobre para repartir la escasez.

Ø Estableciendo criterios objetivos para el acceso a los recursos disponibles.

 

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