¿De qué hablamos, cuando hablamos de la frontera sur del Estado español? Hablamos de una de las tres fronteras del sur europeo, hablamos de invisibilización y de vulneración de derechos.

A través de lo cartográfico, Frontera Sur nos sitúa en el sur peninsular del Reino de España, donde las llegadas de personas migrantes se suceden desde Marruecos y Algeria. Y nos sitúa también en las Islas Canarias, donde la gente llega después de días de travesía desde el Sáhara ocupado, Mauritania o Senegal.

Si nos situamos en un ámbito mediático, Frontera Sur significa hablar de criminalización (de asalto, de llegada masiva, de invasión, de ataque). De creación de un imaginario colectivo de inseguridad y amenaza. De menores no acompañados presentados como un peligro social. O de victimización (de la no distinción entre trata y tráfico). Como señalan algunas de las organizaciones aquí presentes, el discurso oficial de la victimización de las mujeres migrantes, como víctimas y forzadas contra su voluntad, ha llegado a constituir un mito cultural que ha tenido un gran impacto en la construcción social de las migraciones de las mujeres, repercutiendo directamente en su seguridad y en el no reconocimiento de su capacidad de agencia y de sus proyectos empancipadores.

A través de lo histórico, hablar de Frontera Sur y por ende hablar de migración es hablar de expolio, de colonización, de neocolonización, de imperialismo y de neoimperialismo. Es recordar el debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en la Junta de Valladolid a mediados del siglo XVI, donde se discutió si los indígenas supervivientes a la masacre colonizadora del Reino de España en América Latina tenían o no tenían alma (esa era, la discusión), y poner esa discusión en diálogo con las palabras de Matteo Salvini, Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro del Interior de la República italiana, cuando se refería recientemente a las personas migrantes como carne humana.

Frontera Sur, marítima en este caso, significa también hablar de muertes y de desapariciones. Si bien la ruta mediterránea ha descendido en picado en términos absolutos desde hace tres años, este 2018 se han superado ya las llegadas de todo el 2016.

Si cogemos como marco temporal comparativo del 1 de enero al 10 de junio del 2017, y lo comparamos con el mismo período de tiempo del presente 2018, las cifras son devastadoras. Las llegadas durante este mismo período de tiempo se multiplicaron por dos: de 4.161 el 2017 a 9.315 el 2018. Las muertes y desapariciones, se multiplicaron por cuatro.

Si abrimos marco territorial, y con las cifras recientemente publicadas por la IOM, 42.845 personas han llegado a territorio europeo a través de las rutas mediterráneas. 12.942 personas por la ruta Oriental, que comprende Grecia y Chipre, con un total de 45 personas muertas o desaparecidas. 16.394 personas por la ruta mediterránea Central, con un total de 635 personas muertas o desaparecidas.

En este punto, cabría preguntarse cuántas en total han sido devueltas al infierno libio con el beneplácito del gobierno italiano y por ende europeo. El Transnational Institute y el Centre Delàs sitúa esa cifra en más de 10.000 personas devueltas a Líbia durante el 2017.

Finalmente 13.462 personas han llegado al Estado español por la ruta Occidental, con 292 personas muertas o desaparecidas.

A 26 de junio la cifra de personas muertas o desaparecidas en la ruta mediterránea, es de más de 1.072 personas, después del naufragio de una embarcación delante de las costas de Trípoli, apenas hace unos días, con más de 100 personas ahogadas.

Desde el 2010, más de 1.800 personas muertas o desaparecidas en la Frontera Sur del Estado español.

Desde el 2014, más de 14.000 personas muertas o desaparecidas en el mar Mediterráneo.

Datos oficiales alejados de la realidad, la misma Oficina Internacional para las Migraciones especifica que son mínimos estimados. Son cifras de muertos y desapariciones que Organismos No Gubernamentales multiplican por dos y hasta por tres, en un marco de impunidad, de invisibilización.

Hablar de Frontera Sur desde lo político e institucional significa hablar de externalización, de privatización, de vigilancia y de control de fronteras, de deshumanización. Significa hablar de racismo institucional permanente en frontera, espacio de no derecho, materializado en las devoluciones en caliente, en la negación del derecho a pedir asilo y por extensión la violación del derecho de protección internacional. Hablamos de privación de libertad, de detención y encarcelamiento. De tratamiento colectivo y no individualizado, de desprotección.
Devoluciones en caliente tanto terrestres como marítimas. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en el 2017 entre 3.000 y 5.000 personas fueron devueltas a Marruecos con procedimientos de bloqueo en alta mar y posterior devolución, en connivencia con la Guardia Civil, y con la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado marroquí como brazo ejecutor.

Hablar de Frontera Sur significa hablar de las 15 muertes impunes, de las 15 personas fallecidas en El Tarajal el 6 de febrero del 2014. 15 muertes, por cierto, que no fueron 15 sino 80, según testigos presenciales de personas migrantes. Y en este sentido, hablar de Frontera Sur significa hablar también de las Marchas por la Dignidad.

Hablamos, por lo tanto, de actuaciones de actores estatales que violan convenciones internacionales de protección de derechos humanos.

Hablamos, también, de la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Reino de España, el pasado 3 de octubre del 2017, por la devolución en caliente de dos

migrantes en la valla de Melilla sin ser identificados. Suponiendo, por lo tanto, una expulsión de carácter colectivo contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Suponiendo, también, la vulneración del derecho a recurso efectivo.

Hablar de Frontera Sur significa también hablar de las porteadoras y las violencias contra las trabajadoras transfronterizas. Hablar de violencias específicas vinculadas al género, al origen y a la situación económica. Significa pues, hablar de personas con el conjunto de derechos civiles y políticos vulnerados por el patriarcado.

Violencia sexual, por parte de la sociedad de acogida, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y por parte de la propia comunidad migrante. Victimización e infantilización, identificación como víctimas y no reconocimiento de su capacidad emancipadora, vulneración del derecho a la salud, de los derechos sexuales y reproductivos. Vulneración del derecho al registro y a la educación de sus hijos e hijas en territorio español.

Estereotipos de género desde los que se victimiza y se homogeneiza. Expresión directa es la afirmación desde Cruz Roja cuando sentenciaron con brocha gorda que entre el 70 y el 80% de las mujeres del África negra que llegan a Frontera sur española son víctimas de trata. Es necesario entender, establecer, defender, que los recorridos son diversos, que los motivos son diversos, que los caminos son diversos. Que las experiencias son diversas.

Y todas estas violencias y violaciones no terminan en frontera física. Se alargan y expanden, cobijadas por el paraguas del racismo institucional. Centros de Internamiento de Extranjeros, donde se tiene a la gente presa por faltas administrativas en espacios insalubres, con falta de recursos materiales y humanos, con déficit en la atención médica y psicológica, en el asesoramiento jurídico, con falta de intérpretes, con nula formación en materia de género por parte del personal administrativo o policial. Violencias y violaciones que no terminan en frontera física, que se alargan y expanden en forma de redadas de perfil étnico, persecución y criminalización del colectivo mantero; Ley de Extranjería que impide desarrollar una vida normal, digna, en destino. Dificultades hasta límites insospechados por aquellas que no las sufrimos.

Ahora bien, cuando hablamos de Frontera Sur hablamos también de solidaridad y resiliencia, de estrategias colectivas de supervivencia. De personas que son devueltas tres y cuatro y cinco veces y lo siguen intentando hasta conseguirlo. Personas que al ser su primer intento de saltar la valla de Ceuta o Melilla y acceder a territorio europeo, ponen el cuerpo formando un dique de contención para parar el primer golpe de la Gendarmería marroquí, mientras sus compañeros, que no es la primera vez que intentan superar la valla, sortean las concertinas.

Hablamos de solidaridad y lucha, también y por ejemplo, de parte de todas las que estamos hoy aquí.

Hablamos de derecho a migrar, de derecho a agencia, de derecho al proyecto propio.

Binta, mujer de Costa de Marfil, testimonio clave, nos hablaba de mujeres de 15, de 16, de 18, de 20 años, de 40 años, de todas las edades. “Algunas llegan, y otras no llegan nunca”, decía. “No llegan porque no pueden más, porque sus sueños se paran en el agua.” Binta hablaba de sueños, de determinaciones, de ganas de ganar que fueron sofocadas, que fueron ahogadas. “Por ellas hablo”, decía Binta. Estrategias de resiliencia frente a situaciones de explotación y violación: físicas y de derechos.

O Khadidiatou Ndoye, del Senegal, que llegó a las costas de Tenerife después de estar 8 días en una embarcación alimentándose de azúcar, en los últimos días empapado en gasolina. Nos explicó la explotación laboral a la que fue sometida como camarera de pisos una vez en destino, y destacó que la mayor parte de ayuda recibida había sido por parte de mujeres.

Por lo tanto y cerrando la presentación de este tercer y último eje, cuando hablamos de Frontera Sur hablamos del derecho a migrar, del derecho a la vida, del derecho a ejercer un rol activo como sujetos políticos reconocidos. Hablamos de Manuel de Pedrolo, quién decía que siempre que existe un privilegio es contra alguien. Y hablamos, también, de muertes y desapariciones por acción u omisión de los Estados. Memoria, justicia y reparación; cabría preguntarse si la gente migrante muere, se les deja morir o se les mata.

¿Cuál es el peso de la necropolítica en este escenario? Hoy, lo que juzgamos, son estas responsabilidades.

#JuzgandoFronteras

Texto: Bru Aguiló
Fotografías: Pedro Mata

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