El sábado 4 de mayo en la calle Robardors a la 19.30h horas, Lily tuvo un momento de recuerdo por parte de sus compañeras las Putas Libertarias.
Lily fue asesinada por un sistema de instituciones que marginan, desprotegen y abandonan.

CARTA ABIERTA

POR DERECHOS DE TODAS LAS LILIS. Putas Libertarias. Raval

Durante las últimas semanas hemos asistido a un circo constante de declaraciones. Noticias y comunicados sin ética, que mezclan informaciones inexactas con datos de informes médicos robados. Manifiestos de “copiar y pegar” con grandes declaraciones abolicionistas.

Muchas hemos sido las entidades, organizaciones y compañeras, que acompañamos a Lily.

Por eso sabemos que allá por el 2013 Lili ya acumulaba multas – deudas y acoso policial- por la famosa Ordenanza de Convivencia de Barcelona que pretendía salvarla de la “explotación sexual”. Una propuesta abolicionista vitoreada por los grupos vecinales que quieren “limpiar” las calles del Raval. Una normativa ejecutada por el Partido Socialista en 2006 y endurecida por el exalcalde Xavier Trias en 2012. Sabemos que durante ese gobierno se envió a la Guardia Urbana a iniciarle un expediente administrativo donde la denunciaban con una multa de más de 40.000€. También sabemos que Lily sufría con el fantasma de ser expulsada y de las malas experiencias de revivir un expediente de expulsión tramitado por la Policía Nacional.

Toda esta violencia institucional contra la prostitución le costaría a Lily la desconfianza y el miedo hacia unas fuerzas policiales que, en lugar de protegerla -de investigar y reunir pruebas- se dedicaron paulatinamente a perseguirla por ejercer prostitución, a ignorarla, a exigirle denuncias improbables y a poner objetivos imposibles.

Sabemos que sabían que Lily era una víctima de trata, lo sabían los responsables políticos, las fuerzas policiales y la fiscalía, lo sabemos porque lo dijimos durante años, cada vez que pudimos, cada vez que tuvimos la oportunidad de reclamar sus derechos y de exigir que se garantizase su protección, aunque ella decidiera no hacer una denuncia. Las instituciones, todas, tienen responsabilidades que asumir, ya sea por omisión o por ineficacia. La trata es un delito contra los derechos humanos y como tal, implica obligaciones de todas las administraciones.

Lily no es la única, pero exigimos que sea la última. Las organizaciones feministas que estamos en el día a día detectamos a muchas mujeres como víctimas de trata con fines de prostitución forzada, no son todas ni tampoco la mayoría, pero siempre son demasiadas. Mujeres que no siempre pueden, quieren o tienen la información suficiente para hacer una declaración policial o para denunciar a sus tratantes. Mujeres que nunca serán identificadas oficialmente, pero no por eso, dejan de ser víctimas.

Las organizaciones y colectivos feministas llevamos años reclamando poner fin a las políticas de criminalización ya que denigran la vida de todas las mujeres que ejercen prostitución, pero además porque suponen violencia institucional y un grave riesgo para aquellas que son víctimas de trata con fines de prostitución forzada.

Porque las políticas contra la trata no pueden ampararse en respuestas simplistas o administrativas que castigan a las mujeres por ejercer prostitución en lugar de proteger sus derechos y perseguir a los tratantes, ni en esperar a que sean ellas las más valientes, las mártires, que denuncien cargando con el peso de la prueba. Porque la realidad de las mujeres que sufren violencias machistas no sigue las lógicas de un protocolo centrado en la actuación judicial-policial pensado para seguir reproduciendo estereotipos. Porque el marco legislativo de protección de los derechos de las víctimas de trata y de sus familias de origen no sólo es insuficiente, es directamente inexistente.

En otras palabras, las políticas contra la trata no pueden seguir confundiéndose con las políticas contra la prostitución. Y las políticas contra la prostitución deben dejar de ser la excusa para quienes no hacen nada por reclamar y activar políticas efectivas para garantizar los derechos de las personas víctimas de trata con fines de prostitución forzada.

La criminalización, la ineficacia de las políticas públicas y la ausencia de derechos de todas las víctimas de trata tiene consecuencias reales, que pagan mujeres de carne y hueso con historias propias. Ellas son las Lilys. Por ellas, que nuestra rabia y nuestra tristeza se convierta en furia para exigir sus derechos.

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