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Barcelona, 19 de junio de 2017

Un tribunal popular declara culpable a Florentino Pérez por los daños del proyecto Castor

“El sistema de justicia actual no agota, y a menudo no recoge, los motivos y las vías legítimas de la ciudadanía para reclamar justicia. Hoy, sin embargo, en este juicio popular, ponemos sobre la mesa responsabilidades que pese a que pueda que no aparezcan en el código penal se nos presentan como ineludibles de ser investigadas, juzgadas y reparadas”. Bajo este argumento se ha celebrado este sábado en Barcelona el juicio popular al proyecto Castor. Como ya ocurriera en noviembre de 2015 con el juicio popular organizado por colectivos ecologistas a la empresa Iberpostash por contaminación del agua catalana, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma de Afectados/as por la Plataforma Castor entre otras, han organizado un juicio popular con la intención de “denunciar la vulneración de los derechos fundamentales y el ejercicio de la soberanía popular en el caso del proyecto Castor a las tierras del Sénia”.

Los citados como acusados a este singular juicio, a los que se les envió la citación por burofax, han sido la empresa ESCAL UGS, que es participada en dos tercios por la empresa ACS. También fue citado el conocido empresario y presidente de esta última, Florentino Pérez. Cierran la lista de acusados el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer.

El tribunal encargado de juzgar los hechos contó con expertos del ámbito económico, político y jurídico entre los que se encontraban Miren Etxezarreta Zubizarreta, presidenta del tribunal y profesora emérita de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de derecho constitucional en la Universitat de Girona y presidente del Observatorio DESC o David Bondia García, profesor de derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universitat de Barcelona y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.

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El proyecto Castor es un almacén geológico de gas. Un antiguo yacimiento de petroleo que, una vez vaciado, se utilizó para depositar gas. Este gran agujero en la tierra se encuentra a 22 kilómetros mar adentro en la costa del norte de Castellón. En octubre de 2013 la tierra se movió bajo los pies de la gente que se encontraba en los municipios de Benicarló, Vinaròs y Alcanar. Más de 1.000 temblores se sintieron en esos días en una zona que nunca había sido sísmicamente activa. Inmediatamente el proyecto fue paralizado, pero los inversionistas y la empresa de Florentino Pérez, no solo no respondieron por lo daños ocasionados por los terremotos, sino que fueron indemnizados por ello. En octubre de 2014, justo un año después de los temblores, el Gobierno del Partido Popular aprobaba el Real Decreto Ley 13/2014 por el que se aceptaba la renuncia del megaproyecto y se indemnizaba a ESCAL UGS con 1.351 millones de euros, para que la empresa pudiera devolver el dinero a los inversores que habían adquirido bonos emitidos mediante una operación en Luxemburgo. La millonaria indemnización fue pagada en un tiempo récord de 30 días. “Los bonistas no han perdido ni un solo céntimo, solo la posibilidad de ganar”, declaraba en el juicio popular Mónica Guiteras, integrante del ODG. “Ese Real Decreto va contra los intereses generales y por lo tanto los cargos políticos que tomaron estas decisiones son culpables de prevaricación”, sentenciaba Guiteras.

Pero la factura sobre el contribuyente en esta desastrosa operación no termina con esa indemnización, según explicaron varias de las personas que declararon en el juicio. A la cantidad de la indemnización pagada por Decreto, se le suman 1.069 millones en intereses que devengarán durante los próximos 30 años, y 660 millones en pagos ya ejecutados, según sus cálculos. En total, el coste estimado para las arcas públicas asciende a 3.280 millones de euros. “Estamos pagando 2,36 euros cada dos meses en nuestra factura para cubrir el coste del Castor y lo haremos durante 34 años”, explicó en el juicio Alfons Pérez, investigador del ODG. “La factura del gas se está utilizando como mecanismo de transferencia de la deuda ilegítima a los consumidores”, denunció Pérez.

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Además, el desmantelamiento de la plataforma tendrá un coste para las arcas públicas de 200 millones de euros y un coste de mantenimiento de 15,72 millones de euros anuales, que se seguirá pagando mientras no se se acometa el desmantelamiento.

El periodista y ex-diputado en el Parlament de Catalunya por la CUP, David Fernández, encargado de leer veredicto, declaró culpables de manera solidaria a la empresa de Florentino Pérez, al Ministerio de Energía e Industria y al Banco Europeo de Inversiones. El tribunal exigió dejar sin efecto la indemnización y depurar responsabilidades en el Gobierno y en las administraciones públicas implicadas. El veredicto también exige que la empresa y sus responsables paguen los daños ocasionados y que corran con los gastos del mantenimiento y posterior desmantelamiento de la plataforma.

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La organización cerró el evento anunciando que “este juicio es solo el principio de futuras acciones encaminadas para acabar con la arquitectura de la impunidad y el capitalismo de amiguetes que impera en este país”.

 

Texto: Yago Álvarez para Saltamos.net
Fotografía: Bru Aguiló

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