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El dia 19 de novembre de 2012, La PARS, La Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y DEMPEUS per la Salut Pública han presentado una querella criminal contra Boi Ruiz y su equipo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Consideran que Boi Ruiz y su equipo podrían haber cometido los delitos tipificados en los artículos del Código Penal referidos impedimento del ejercicio de derechos cívicos (art. 542), a la omisión del deber de socorro (art. 196), al tráfico de influencias (art. 428) y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 441). Esta querella es un segundo paso en lucha para denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el atentado contra los derechos de la ciudadanía. En marzo de 2012 ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El fiscal reconoció el daño causado a los ciudadanos por las decisiones del Departamento de Salud, sin embargo decidió no investigar estos hechos. Por ello, las entidades querellantes han decidido continuar investigando y presentar nuestra denuncia ante el TSJC. El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es notorio en Catalunya. Los ciudadanos y ciudadanas que firman esta querella son conscientes de que el sistema sanitario puede verse afectado por la crisis económica que la sociedad está sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los altos cargos que denuncian provocan un deterioro en el derecho de protección a la salud que tiene un límite y es el que fija la legislación vigente. Hay datos objetivos que indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue incumpliendo la legislación que regula, por ejemplo, las listas de espera, uno de los indicadores clave a la hora de evaluar el derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, ya que el ordenamiento jurídico otorga el carácter de derecho de las personas a ser operadas en un tiempo máximo de 6 meses. Este derecho, en concreto, ha sido vulnerado sistemáticamente como consecuencia de las decisiones de los altos cargos de la Generalitat de Catalunya, con plena conciencia de que sus medidas conducirían a su vulneración, Como exige el Código Penal para calificar estas conductas de delictivas.
